13 sept. 2008

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SOBRE LA REPRESIÓN POLÍTICA



Intervención del representante del PCPE de Extremadura en las Jornadas Antifascistas celebradas en Plasenzuela el pasado día 30 de Agosto de 2008.

Es necesario analizar el tema de la represión política desde la perspectiva del carácter de instrumento para la opresión de clase del Estado.

El Estado es un órgano que nace con el surgimiento de las clases sociales y cuya función esencial es la opresión de una clase o clases por otra.

Por lo tanto, en este sistema social capitalista es “natural” que la clase que ejerce su dictadura sobre las demás, la burguesía, utilice su Estado para la represión de las clases trabajadoras, sobre todo de aquellos sectores más conscientes y organizados que pueden poner en peligro sus privilegios. Es necesario comprender esto para no hacerse vanas ilusiones sobre una sociedad “armoniosa”, “democrática” o “libre” dentro del sistema capitalista.

En lo que se refiere al nivel de represión, es un error creer que una mayor utilización de medios de adoctrinamiento y manipulación como son los medios de propaganda actuales (los llamados “medios de comunicación”) va en detrimento o contrarrestan la utilización de los medios coercitivos y violentos del Estado.

Actualmente los poderosísimos y eficaces medios de propaganda son un instrumento imprescindible para ocultar la violencia y los crímenes del Estado y para falsear la realidad hasta tal punto de hacer aparecer a las víctimas como los verdugos.

Un caso ejemplar es el de Colombia, donde los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la estrategia de represión criminal que lleva a cabo el régimen narco-fascista colombiano y que incluye el asesinato masivo de sindicalistas y campesinos y el encarcelamiento de miles de opositores políticos.

La represión política en España.

Los medios de comunicación, todos al servicio del régimen, y absolutamente TODAS las facciones políticas de este régimen, es decir, aquellas que actualmente están presentes en el parlamento, nos presentan al Estado español poco menos que como un ejemplo de democracia y libertad.

Sin embargo la realidad, que ellos ocultan y falsean es muy distinta.

En España la tortura no es algo ocasional y aislado si no que se practica de forma habitual como reconoce incluso Amnistía Internacional en todos sus informes anuales sobre España.

En cualquier Estado donde se practique la tortura de forma sistemática esta es impune. Para ello deben intervenir en el proceso varios agentes: Los autores materiales, carceleros o policías, el médico forense que falsea los informes ocultando los daños físicos o calificándolos de autolesiones, el juez que no investiga los casos de denuncia de torturas o que, teniendo conocimiento fehaciente de estas, las encubre o incluso actúa contra aquellos que se atreven a denunciarlas, y el gobierno que, como mínimo se inhibe no actuando para impedirlas o directamente las instiga.

El gobierno español ha rechazado reiteradamente medidas preventivas contra la tortura, como reducir el tiempo de incomunicación o grabar los interrogatorios a los prisioneros, medidas estas recomendadas por los distintos enviados especiales de la ONU. En los contados casos en los que se ha investigado y se ha producido una condena de los torturadores, el gobierno ha procedido a indultarlos. Tal es el caso del general Rodríguez Galindo, torturador y asesino convicto que tan solo pasó escasamente cuatro años en una confortable y lujosa instalación penitenciaria.

En España se ilegalizan partidos y organizaciones juveniles de izquierda así como candidaturas electorales y se impiden derechos fundamentales como el de elegir o ser elegido, de asociación, manifestación y la más elemental libertad de expresión a sectores significativos de la sociedad. Y todo ello sin base real ni jurídica alguna. Se llega incluso al absurdo de acusar a un partido fundado en 1930 como es ANV de ser el continuador de una organización política creada a finales de los años 70 como es Batasuna.

Pero que nadie dude de que será ilegalizado, ya se han prohibido sus actividades y parte de sus candidaturas, sin que exista ninguna prueba de la acusación de vinculación con Batasuna, de la misma manera que no existió prueba alguna de vínculos entre esta y ETA. La decisión política ya se ha tomado y el procedimiento “jurídico” solo es un mero trámite.
En España existen una gran cantidad de presos políticos, y no me refiero ya a los prisioneros relacionados con acciones armadas si no a presos por motivos exclusivamente políticos y de conciencia.

Ejemplo de esto son los miembros de la mesa nacional de Batasuna, los militantes de Jarrai, luchadores por la república o militantes comunistas de distintas organizaciones.
Se cierran medios de comunicación que cuestionan al régimen como Egin, Egin Irratia, Ardi Beltza, etc. y se encarcela a sus periodistas.

En cuanto a la represión sindical destaca el caso de los sindicalistas asturianos Cándido y Morala, condenados a tres años de cárcel y a pagar unos 8.000 euros en concepto de indemnización y multa, acusados de romper una caja de conexiones de una cámara utilizada para espiar a los trabajadores en huelga que protestaban contra el cierre de los astilleros de Gijón. En el juicio no se presentó ni una sola prueba que demostrara la acusación, más aun, el video policial (que reproducimos en esta página), demuestra precisamente todo lo contrario, que ni Cándido ni Morala participaron en los hechos. Pero el tribunal del régimen que los juzgaba no admitió su visionado. Una vez más, el proceso judicial fue un simple trámite. El objetivo político era golpear al sindicalismo de clase y dar un “escarmiento” a quienes buscamos la recuperación del sindicalismo de clase y reivindicativo frente al “sindicalismo” burocrático, corrupto y al servicio de la burguesía que representan CC.OO y UGT.

La responsabilidad política de este estado de cosas es, en distinto grado, de todas y cada una de las facciones del régimen. Es responsabilidad directa de las facciones que se alternan en el gobierno central, PP y PSOE, entre las que parece que hubiera una especie de competencia en la adopción de medidas represivas y fascistas. Pero también son responsables directos aquellos que desempeñan funciones represivas a través de las instituciones estatales de la periferia. Tal es el caso del PNV e IU, encargados de la gobernación de la comunidad autónoma vasca y colaboradores activos e imprescindibles en la represión de la izquierda abertzale.

También tenemos el ejemplo de de IC-IU que ostenta la cartera de gobernación en Cataluña y que no envidian en nada a sus colegas vascos en cuanto a represión de la izquierda se refiere, o el caso del ayuntamiento de Córdoba, de IU, responsable, entre otras cosas, del procesamiento de dos camaradas de los CJC por hacer una pintada pidiendo la 3ª República.

PSOE e IU, que gobiernan en el ayuntamiento de Gijón, fueron quienes iniciaron el procedimiento que acabó con la condena de Cándido y Morala a tres años de cárcel.

Naturaleza del Régimen.

El régimen político español es el mismo que surgió en 1939 con la victoria del fascismo sobre la República democrática. En 1977 tan solo se produjo una reforma del régimen para hacerlo más eficaz, también en el aspecto represivo. El Jefe del Estado es el hombre de confianza que designó Franco. El aparato judicial, el ejército y los cuerpos policiales son los mismos. A los jueces que dictaron sentencias de muerte contra militantes de izquierda en juicios farsa se les mantuvo en sus puestos. A los torturadores policiales no solo no se les molestó si no que a algunos de ellos se les ascendió. Al tribunal especial para la represión política tan solo se le cambió el nombre de Tribunal de Orden Público por el de Audiencia Nacional pero manteniendo exactamente las mismas funciones y los mismos procedimientos. Todos los actos jurídicos desde 1936, incluyendo las sentencias y asesinatos del Estado siguen siendo legales. Legalidad confirmada por la Ley de la Memoria Histórica, aprobada por PSOE e IU. Hasta los símbolos como la bandera y el himno siguen siendo los mismos.

El partido de los fascistas tan solo cambió de nombre e incorporaron al régimen, para la alternancia en el gobierno, a un grupo creado por la CIA y el régimen alemán en Suresnes en 1974 y que utiliza el nombre de PSOE, suplantando al partido de izquierdas del mismo nombre desaparecido al finalizar la guerra civil.

Toda esta operación canallesca no hubiera sido posible sin la colaboración de la dirección traidora del PCE, colaboración que continua en la actualidad con la legitimación de este régimen y la ocultación de su verdadera naturaleza y de sus crímenes.

Propuestas.

Ante esta situación es imprescindible y urgente la coordinación de todas las fuerzas y los militantes y activistas de izquierda para hacer frente al aparato de dominación del enemigo de clase, es decir, el Estado. No hacerlo supone un autentico suicidio, más aun, es un crimen contra la militancia de izquierdas y contra los trabajadores.

Independientemente de los diversos proyectos políticos y del ámbito de actuación de las distintas opciones de la izquierda, no podemos seguir actuando sin tener en cuenta e ignorando una realidad que nos afecta por igual y de una manera decisiva, y esta realidad es la existencia de un Estado encargado tanto de la represión de los sectores más conscientes del proletariado como de la opresión nacional de los pueblos.

El Partido Comunista de los Pueblos de España viene planteando como propuesta estratégica la creación de un Frente de Izquierdas que, en base a un programa común, agrupe a todas las fuerzas y activistas de izquierdas que nos confrontamos con el actual régimen político y que estamos por la superación del sistema capitalista.

Es un error fatal mantener la actual dispersión y fragmentación de la izquierda. No existe ningún argumento racional que lo justifique. Incluso aquellos proyectos independentistas que se plantean desde opciones de izquierda no serán viables sin un marco político estatal que garantice el derecho democrático a la autodeterminación de los pueblos y su soberanía.

El aislamiento y la división de quienes tenemos como objetivos políticos comunes la república, la autodeterminación de los pueblos y el socialismo supone un debilitamiento de nuestro potencial revolucionario y mantiene unas condiciones óptimas para que el Estado de la burguesía nos siga aplastando.

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