14 oct. 2010

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Juicio político a tres militantes comunistas


Dos de los procesados, el miembro del Comité Central del PCPE y un militante de los CJC, fueron inculpados por la policía en comisaría cuando estos fueron a interesarse, junto con los padres, por los dos camaradas de los CJC detenidos en la manifestación. Se da la circunstancia de que el militante del PCPE ni siquiera pudo asistir a la manifestación en la que supuestamente se produjeron los hechos.

El 11 de noviembre de 2007 fue asesinado en el metro de Madrid el joven antifascista Carlos Palomino, a manos de un fascista de 23 años – soldado profesional del ejército español- que se dirigía a una concentración del partido fascista Democracia Nacional. Inmediatamente se suceden las concentraciones y movilizaciones de condena y repulsa por este asesinado fascista en distintas ciudades del estado español; también en Barcelona.

El estado de indignación de los/las manifestantes antifascistas es proporcional a la brutalidad del asesinato y a la tergiversación informativa que los medios de comunicación del sistema realizan al presentar el hecho con el consabido e interesado discurso de “enfrentamiento entre grupos de jóvenes antisistema”.


El 14 de noviembre en Barcelona, diversos colectivos y organizaciones antifascistas convocan una manifestación, donde desde el primer momento queda claro que la policía - Mossos d’Esquadra (dirigida por el Conseller Saura de ICV-EUiA) tienen orden de no dejarla discurrir de forma pacífica. El operativo montado no guarda ningún tipo de proporcionalidad con la protesta: toma policial del centro de Barcelona con los antidisturbios preparados para cargar, intimidaciones en el metro a los asistentes, ambulancias preparadas como si de un escenario bélico se tratara, amago de carga cuando la cabeza de la manifestación se pone en marcha, etc.

Durante la manifestación se suceden diversos intentos -por parte del operativo policial- para cortar la misma en diversos puntos, lo que hace aumentar el nerviosismo y la indignación por parte de los manifestantes. Esta situación se va agravando durante la marcha, y cuando ésta no lleva ni 400 metros de recorrido se produce una brutal carga policial que crea -en el mismo centro de Barcelona-, una situación de conmoción social imposible de justificar, al extenderse la represión a la zona comercial del Passeig de Gracia y acabar afectando a los transeúntes.

Como resultado de la carga policial se producen diversas agresiones, en las que varios manifestantes tienen que ser evacuados en ambulancia. También se producen cinco detenciones, entre ellas la de dos miembros de los CJC-JCPC, que son conducidos a la comisaría central de los Mossos d’Esquadra de Barcelona; y, dado que uno de los detenidos era menor de edad en ese momento, la policía no tuvo más remedio que comunicar a la familia su detención -de lo contrario habrían estado por lo menos 48 horas sin comunicación exterior.

Inmediatamente, dirigentes del PCPC-PCPE y de los CJC-JCPC, acompañados de una abogada, se personaron en la comisara junto a los padres de los detenidos. En ese momento éstos son requeridos para que se identifiquen y, después de una larga espera en la comisaría, un policía llama a un miembro del PCPC-PCPE y a dos miembros de la CJC-JCPC, para informarles que han sido reconocidos por su intervención en la manifestación, y que han sido denunciados por la policía. Todo un montaje policial - ya que incluso se da el caso de que el militante del PCPC-PCPE no había podido participar en la manifestación por dificultades en su trabajo– dirigido a criminalizar la lucha antifascista y la militancia comunista.

En los días sucesivos el fiscal concretó la denuncia:

Se abre una causa contra tres miembros del PCPC-PCPE y de la CJC-JCPC (uno de los detenidos y dos de los inculpados en la comisaría), a los que se les acusa “de un delito de atentado y por un delito de desordenes públicos”, por montar una supuesta barricada con contenedores de basura y apedrear a la policía. Solicitándoles “3 años y 10 meses de cárcel y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo”. El expediente de los menores queda archivado, puesto que el tribunal de menores no ve indicios de delito. Para sostener esta denuncia la fiscalía solo presenta una prueba, el testimonio de los policías, no habiendo ninguna otra prueba de que ocurrieran los hechos mencionados.

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