8 ene. 2013

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[PTB] La participación de los partidos comunistas en el gobierno: ¿una forma de salir de la crisis capitalista?

A continuación publicamos un interesante artículo del camarada Herwig Lerouge, dirigente del PTB, publicada en Estudios Marxistas. En él se analizan las negativas consecuencias que para el movimiento obrero de Italia, Francia, Grecia y Alemania tuvieron, y tienen hoy, día la implicación de fuerzas denominadas comunistas y excomunistas en distintos gobiernos burgueses.

La materia analizada guarda una estrecha relación con lo que viene sucediendo en nuestro país con la activa implicación de Izquierda Unida y el PCE (secciones españolas del Partido de la Izquierda Europea) en distintos gobiernos autonómicos, como el caso de Andalucía o Asturias, y en muchos gobiernos municipales.

Dada la dimensión europea del oportunismo del PIE, en el que están implicados el PC de Francia, el Partido de la Refundación Comunista de Italia, Syriza en Grecia, Die Linke en Alemania e IU y el PCE en España (que forman parte de la Presidencia del PIE), los datos que ofrece este artículo son una valiosa contribución a la lucha contra el oportunismo que se libra en nuestro país en las filas del movimiento obrero y popular.

- Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)

 

La participación de los partidos comunistas en el gobierno: ¿una forma de salir de la crisis capitalista?
Por Herwig Lerouge.

En el transcurso de los últimos años, la posibilidad que tienen ciertos partidos comunistas (o excomunistas) de participar en el gobierno ha estado a la orden del día. En Alemania, Die Linke ha participado en ciertos gobiernos regionales y, por cierto, sigue participando. El partido ha discutido la posibilidad de participar en el gobierno federal. En Grecia y en los Países Bajos, la coalición de izquierda Syriza y el Socialistische Partij han anunciado claramente su voluntad de entrar al gobierno. La holgada mayoría del Partido Socialista Francés, durante las recientes elecciones parlamentarias del 2012, ha eliminado la duda sobre una nueva participación en el gobierno del Partido Comunista Francés. El PCF y, en Italia, la Rifondazione Comunista y el Partido de los comunistas italianos, han participado en muchos gobiernos en el transcurso de las últimas décadas.

En el 2008, el éxito electoral de ciertos de estos partidos llevaron a la revista británica de izquierda, The New Statesman, a concluir: “El socialismo, el socialismo puro, inalterado, una ideología considerada muerta por los capitalistas liberales, regresa con fuerza. A lo largo del continente, asistimos a la tendencia de que partidos de centro izquierda establecidos desde hace mucho tiempo sean desafiados por otros indudablemente socialistas, que defienden un sistema económico en el que los intereses del capital se subordine al de los simples trabajadores[1]”.

Desgraciadamente, esta visión sobre un brillante futuro socialista para Europa han sido rebasadas por los últimos resultados electorales, y, hecho más importante aún, por la evolución política de estos partidos.

La tragedia italiana
La mayoría de estos partidos fueron creados después de la contra revolución de terciopelo de Gorbachov. En Italia, durante su congreso en Rimini, en 1991, el histórico Partido Comunista Italiano (PCI) se transformó en un partido social-demócrata ordinario. Ese mismo año, los comunistas italianos fundaron el Partito della Rifondazione Comunista (Partido de la refundación comunista). En el seno de la Rifondazione, el debate sobre la estrategia del partido quedó abierto por mucho tiempo… Cuando Bertinotti accedió a la presidencia el debate se aceleró. Durante el 5º Congreso de la Rifondazione, en febrero de 2002, Bertinotti presentó sus 63 tesis como una suma de “innovaciones”. Descubrió una “nueva clase obrera” nacida en Génova en el 2001; un “nuevo concepto de partido”. Rechazando el partido de vanguardia, que se había “obsoleto”, lo remplazó por un partido concebido como una suma de “movimiento de movimientos”. Descubrió Igualmente, una “nueva definición del imperialismo”, según la cual el mundo ya no se divide en bloques capitalistas rivales y la guerra ha dejado de ser un medio mediante el cual se lo reparten de manera periódica. El antiguo centralismo democrático es remplazado por el derecho a las tendencias[2]”.

Después de 36 meses de innovación, la dirección de la Rifondazione Comunista se declara lista para participar en el gobierno, junto a los demócratas cristianos de Romano Prodi y la social-democracia de D’Alema. Durante el 6º Congreso del PRC, en marzo de 2005, Bertinotti afirmó que su partido debía ser la fuerza motriz de un proceso de reforma. Y la participación en el gobierno se volvió un paso necesario en dicha dirección. En el discurso de clausura del Congreso afirma: “El gobierno, incluso el mejor, no es más que un paso, un paso de compromiso. El partido debe situarse en una posición que deje ver su estrategia, a fin de mostrar que quiere ir más lejos […][3]”. Para prevenir críticas contra el PRC, que forma parte de una coalición favorable a la UE junto al antiguo presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, Bertinotti no encuentra mejor excusa que la gastada pirueta de la social-democracia: “Debemos difundir la idea de que los movimientos y el partido deben guardar su autonomía respecto al gobierno. El partido no debe ser identificado con el gobierno. Debe mantener su propia línea y una estrategia activa separada de éste[4]”.

El archiconocido miembro del grupo Bildelberg, Romano Prodi, estaba presente en el Congreso y percibió muy bien el giro del dirigente de Rifondazione: “He aquí un partido socialista de izquierdas que acepta el desafío de gobierno[5]“.

En menos de 10 años, Bertinotti consiguió colocar un importante potencial revolucionario bajo el control del sistema. En el año 2007, el PRC se suma a la coalición del “Olivo”. Sin una clara oposición de izquierdas anticapitalista a la participación en la guerra en Afganistán y a las medidas de austeridad del gobierno de Prodi, la derecha llenó el vacío político y Berlusconi llegó al poder. El PRC perdió toda su representación parlamentaria en la debacle de la izquierda electoral. Se trata de la experiencia más reciente de los estragos que el revisionismo puede ocasionar. Actualmente, el movimiento comunista italiano atraviesa una profunda crisis.

Francia: Comunistas en el gobierno (1981, 1987)

El siglo XX probó ya el fracaso de los que pretenden modificar el equilibrio de poder en favor de la clase obrera mediante mayorías en el seno del parlamento burgués.

En la euforia de la victoria electoral de Miterrand en 1981, el secretario general del PCF, George Marchais, envió a 4 comunistas al gobierno para modificar “el equilibrio de poder”. El dirigente del PCF, Roland Leroy, lo explicaba así: “Nuestra presencia concuerda bien con nuestra misión y nuestra estrategia: utilizar cada oportunidad, incluso el más pequeño paso hacia adelante, para construir un socialismo original mediante medios democráticos[6]”.

En lugar de obtener un socialismo original, la clase obrera francesa debió soportar un Código de trabajo desregulado, una seguridad social reducida y la desconexión de los salarios de la subida de la inflación. Seis años más tarde, en julio de 1997, la dirección del PCF volvió a hacer lo mismo. Tres ministros comunistas se alían al gobierno de la “izquierda plural” (PS-PCF-Verdes-MDC) llegada al poder después de las grandes luchas de 1995. ¿Resultado? En dicho gobierno hubo más privatizaciones que en la suma de las administraciones de derecha de Juppé y Balladur. La privatización de Air France fue supervisada por el ministro comunista de Transporte, Jean-Claude Gayssot. Air France, France Télécom, las compañías de seguros GAN y CIC, la Sociedad Marsellesa de crédito, CNP, Aeroespacial, todas ellas fueron “abiertas al capital”. La dirección del PCF continuaba en el gobierno de “Jospin-el guerrero” cuando, en 1999, Francia apoyó el bombardeo de Yugoslavia por la OTAN.

Por supuesto, se hicieron ciertas concesiones a las exigencias sindicales, pero, como ocurriese en 1936 con el gobierno del Frente popular, básicamente fueron resultado de las grandes luchas que precedieron o acompañaron la victoria electoral de la izquierda.

Pretender modificar en el hemiciclo parlamentario, el equilibrio de poder, en favor de la población trabajadora es absurdo a los ojos de todos aquellos que observan el circo electoral, que ven a los miles de grupos de presión y las comisiones de expertos pagados por los grupos de negocios con el fin de influir directamente en las decisiones políticas. Y para mostrar de qué manera “la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero con mayor eficacia” (retomando las palabras de Engels) el mejor lugar son los Estados Unidos. En el año 2000, los 429 candidatos con mejor financiación en sus campañas ocuparon los 429 primeros lugares en el Congreso estadounidense. Sólo los lugares del 430 al 469 fueron dados a candidatos con menos “fortuna”[7].

Si hay una conclusión de toda la época del neoliberalismo, es ésta: la evidencia de que la influencia de los grupos más poderosos del capital sobre los Estados nación, las instituciones europeas y las instituciones financieras internacionales nunca han sido tan abiertas y descaradas. Las decisiones reales son la prerrogativa del ejecutivo desde hace numerosas décadas y el Parlamento no es más que un instrumento para ratificar las decisiones que ya se han tomado a nivel gubernamental. Cada vez más, las leyes se preparan en los despachos ministeriales, y actualmente, en los grupos de presión de las firmas más importantes. La paz duradera y el progreso social requieren una sociedad socialista y una transformación radical de la sociedad. La vía parlamentaria hacia el socialismo reposa en la ilusión de que el gran capital va a aceptar retroceder y que llegará a ceder sin más el aparato del Estado a la clase obrera cuando ésta esté suficientemente representada en el Parlamento.

Naturalmente, debemos ser conscientes que actualmente la mayoría de la gente en Europa ve el orden social actual como el único posible.

Un proceso revolucionario requiere flexibilidad táctica, la adaptación a la realidad política, una adecuada evaluación del objetivo de cada batalla, un conocimiento exacto de las contradicciones de clase y de las correlaciones de fuerza, así como grandes alianzas.

Nosotros luchamos por reformas, luchamos por reforzar la fuerza política y organizativa de los trabajadores. No le decimos a la población: “Resolveremos esto por vosotros”, sino que les decimos: “Tomar vosotros mismos el destino en vuestras manos”. En cada batalla, los trabajadores adquieren experiencia y nuestro deber es introducir la perspectiva socialista a largo plazo. Incluso en la lucha por las reformas, lo decisivo no es el parlamento o las elecciones, sino las luchas. Todos los avances del movimiento obrero ha sido resultado de un combate organizado, haciendo la campaña, y creando correlación de fuerza en las calles.

La Izquierda europea
El 8 y 9 de mayo de 2004, los 2 partidos ya mencionados, el PRC y el PCF, se encuentran entre los fundadores del Partido de la Izquierda Europea. Bertinotti es nombrado su presidente.

El Partido de la Izquierda Europea es un salto cualitativo de la evolución hacia el reformismo (de izquierdas), declara uno de sus fundadores, el presidente del Partido del Socialismo Democrático (PDS), Lothar Bisky. En una entrevista realizada por la revista Freitag, explica: “Para las fuerzas políticas de la Unión Europea que tienen como origen el movimiento obrero revolucionario, el Partido de la Izquierda Europea significa un nuevo paso cualitativo en el proceso de adaptación del socialismo de izquierdas[8]”.

Ni en el Manifiesto de la Izquierda Europea ni en sus estatutos, se hace referencia a la propiedad privada de los medios de producción, a las crisis económicas inherentes al sistema, a la competencia asesina que se libra entre las empresas monopolistas, o al reparto del mundo entre las principales potencias imperialistas. El partido de la Izquierda europea promete “una alternativa progresista”, la “paz”, la “justicia social”, un “desarrollo sostenible” y otras hermosuras que nadie quisiera rechazar[9].

Todo queda de forma vaga dentro de los límites del sistema y sus relaciones de propiedad. Es un esfuerzo vano buscar la menor referencia a la estrategia de la revolución social. Al contrario, el Partido se centra básicamente en la “reforma en profundidad” de las instituciones del sistema. “Queremos hacer que las instituciones electas – el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales – tengan más poder y posibilidades de control[10]”.

Die Linke
Un partido importante en el seno de la Izquierda Europea es el partido alemán de la izquierda, Die Linke. Es el resultado de la unificación, en el año 2007, del Partido del socialismo democrático (PDS, el partido que sucedió al principal partido en la RDA, el SED) y el WASG (los socialdemócratas de izquierda desilusionados, responsables de sindicatos y grupos trotskistas de Alemania del Oeste).

El WASG, compuesto por el Partido Socialdemócrata (SPD) y los Verdes, nació en el año 2005 tras las protestas suscitadas contra el gobierno de Gehrard Schröder. La reforma Hartz IV, que le retiraba el subsidio de desempleo al cabo de un año al introducir a los parados en un sistema de asistencia social, creó un enorme sector de salarios bajos. Las consecuencias de la reforma Hartz IV han sido desastrosas. Un informe de las Naciones Unidas[11] sobre la situación social en Alemania muestra que en la actualidad el 13% de la población vive por debajo del nivel de pobreza y que 1.3 millones de personas, aun teniendo trabajo, precisa de una ayuda suplementaria pues sus ingresos no son suficientes para la subsistencia. La pobreza infantil afecta a 2.5 millones de niños. Algunos estudios muestran que 25% de los escolares acuden a clase sin haber desayunado.

Asistimos al incremento de la pobreza entre las personas ancianas debido a pensiones modestas que disminuyen por la reducción del salario. Actualmente hay 8.2 millones de personas con empleos temporales o “mini-jobs” – de menos de 400 euros por mes. De los nuevos empleos, el 75% son precarios. Todo esto le hace el caldo gordo a los súper-ricos. En Alemania, en el 2010, había 924 mil millonarios, es decir, habían aumentado el 7.2% en tres años.

Esta “reforma” dividió al partido socialdemócrata y llevó al antiguo ministro socialdemócrata Lafontaine a abandonar al partido. Le siguieron federaciones enteras del movimiento sindical alemán. Estos tránsfugas crearían el WASG. El partido unificado WASG-PDS se convirtió en “Die Linke” y en 2009 obtuvo el 11.9% de los sufragios en las elecciones federales, logrando 78 asientos. Su número de miembros rondaba los 80.000.

Pero tres años más tarde, según los sondeos más recientes, Die Linke tiene problemas para rebasar el antidemocrático umbral del 5% que se aplica a todas las elecciones, tanto nacionales como regionales. En mayo de 2012, perdió sus asientos en los Parlamentos federales y regionales de Schleswig-Holstein (del 6%, los votos pasaron al 2.2%) y de Renania del Norte-Westfalia (del 5.6% al 2.5%). El número de miembros disminuyó a menos de 70.000.

La nueva socialdemocracia
Die Linke adoptó un programa durante su congreso en Erfurt, en el 2011. Se presenta como una síntesis entre las tendencias marxistas y los realistas muy reformistas[12].

Die Linke, como partido socialista, opta por alternativas, por un futuro mejor” (p.4). Este futuro incluye, con gran justeza, “una vida con seguridad social, con un ingreso mínimo asegurado exento de sanciones y al abrigo de la pobreza, así como una protección total contra la dependencia, con una pensión obligatoria para todos, que se apoye en la solidaridad, al abrigo de la pobreza, con educación aceptable, gratuita, accesible para todos, con diversidad cultural y participación de todos en la riqueza cultural de la sociedad, con un sistema de impuestos justo que reduzca las cargas impuestas a los ingresos bajos y medios, pero que las aumente a los altos ingresos, apuntando sustancialmente a las grandes fortunas para hacer efectiva la democracia y hacer valer la ley contra el poder exorbitante de las grandes compañías, con la abolición de toda forma de discriminación basada en el sexo, edad, estatus social, filosofía, religión, origen étnico, orientación sexual e identidad, o basada en incapacidades de cualquier género”.

Pero no se sabe con certeza si estas buenas intenciones se concretarán en este sistema capitalista o si se debe abolir este sistema. En un pasaje se puede leer: “Necesitamos un sistema económico y social diferente: el socialismo democrático” (p.4). Se critica la “economía social de mercado” como “un compromiso entre el trabajo asalariado y el capital que nunca ha eliminado la explotación depredadora de la naturaleza ni las relaciones patriarcales en las esferas públicas y privadas”. En otros pasajes, el problema no es el sistema sino el “capitalismo sin restricciones” (p.58), el “modelo político neoliberal” (p.56) y los “mercados financieros desregulados” (p.15).

El texto evoca un “largo proceso de emancipación en el que el dominio del capital es revertido mediante las fuerzas democráticas, sociales y ecológicas”, que llevará a una “sociedad de socialismo democrático” (p.5). En otro lugar del documento, la clave del cambio social es la cuestión de la propiedad. “Mientras que las decisiones tomadas por las grandes compañías se orienten hacia los beneficios deseados más que hacia el bien público, la política estará sujeta a chantajes y se minará la democracia”.

Mas adelante, “la propiedad pública” se limita “a los servicios de interés general de infraestructura social, a las industrias del sector energético y al sector financiero” (p.5). Y el programa copia la vieja tesis socialdemócrata de “la democracia que se extiende a la toma de decisiones económicas y somete todas las formas de propiedad a normas emancipadoras, sociales e ideológicas. Sin la democracia en la economía, la democracia permanece imperfecta […]”. De modo que este “orden económico democrático diferente” será una economía de mercado regulada. “Someteremos la regulación del mercado de la producción y de la distribución a un marco y a un control democrático, social y ecológico”. “El mundo de los negocios debe estar sometido a un severo control de la competencia” (p.5).

La clase obrera no tiene ningún rol en la conquista del poder político. Es cuestión de “mayorías ganadoras” (p.20) y el “socialismo democrático” podrá llevarse a cabo en el seno de estructuras “democráticas” de la constitución alemana y de un “estado social de derecho”.
Los servicios de inteligencia deberán ser abolidos, pero el “control democrático” del ejército y de la policía serán suficientes para transformarlos en herramientas del socialismo.

La participación en el gobierno
Según el programa, la participación en el gobierno sólo tiene sentido si se basa en el “rechazo al modelo político neoliberal”, si supone un cambio “social y ecológico” y si puede mejorar el nivel de vida de la población. En tal caso, “el poder político de Die Linke y los movimientos sociales podrán ser reforzados” y “el sentimiento de impotencia política que existe entre numerosas personas podrá ser eliminado” (p.56).

Uno se pregunta cómo pudo adoptarse esta posición sólo poco después de la debacle de lo que siempre había sido presentado como un notable ejemplo de la estrategia del partido: el desastre de Berlín. En agosto de 2010, Die Linke se hundió en las elecciones del Senado de Berlín. En 10 años de participación en el gobierno berlinés, el partido sufre una debacle, pasando del 22.3% al 11.5%.

Durante 10 largos años, la coalición gubernamental SPD-Die Linke gobernó a la capital alemana. Cierra numerosas guarderías, recorta las indemnizaciones sociales y privatiza 122.000 viviendas sociales. Die Linke votó por la privatización parcial del sistema berlinés de tranvías, hizo campaña contra la paridad nacional de salarios de los trabajadores del sector público (que todavía ganan considerablemente menos en el Este) y se manifestó contra los esfuerzos de devolver a la titularidad pública la sociedad de agua de Berlín. Contribuyó igualmente a privatizar una parte del principal hospital de Berlín – lo que se traduciría en una degradación de las condiciones de trabajo y una disminución de los salarios.

Mathias Behnis, politólogo y vocero del frente de resistencia contra la privatización de la sociedad berlinesa de distribución del agua, y Benedict Ugarte Chacón, politóloga y vocera de la iniciativa berlinesa contra el escándalo bancario, establecieron un balance particularmente negro en el periódico Junge Welt del 20 de agosto de 2011[13]. La coalición SPD-PDS (en esos momentos se trataba todavía del PDS; que más tarde participaría en la creación de Die Linke) hizo saber claramente desde el inicio de 2002 qué vía tomaría, al aprobar un fondo de riesgo para la Bankgesellschaft Berlín. Asume los riesgos de un fondo inmobiliario creado por la banca por un monto de 21.6 mil millones de euros. Desde entonces, la Región de Berlín administra las pérdidas anuales de esta banca. El PDS estuvo de acuerdo en garantizar las ganancias a los accionistas de estos fondos, con ayuda del dinero público.

Al mismo tiempo, dirigió una política monetaria estricta en detrimento, por ejemplo, de los subsidios a los ciegos en el 2003, o de los billetes sociales para el transporte público urbano en el 2004, después de que los gobiernos federales suprimieran los subsidios. Fueron necesarias enormes protestas sociales para reintroducir estos billetes, pero a un costo mucho más elevado.

Las guarderías y las universidades dejaron de subvencionarse. Esto detonó vehementes protestas entre los estudiantes y el congreso del PDS, el 6 de diciembre de 2003, en el lujoso hotel Maritim en el centro de Berlín, tuvo que ser protegido de los estudiantes por la policía antimotines, que hizo evacuar la calle con brutalidad.

En mayo de 2003, los padres fueron obligados a participar hasta con 100 euros en la compra de manuales escolares.

Die Linke en Berlín es igualmente responsable del deterioro de la situación de miles de inquilinos. En mayo de 2004, el gobierno regional de Berlín vendió 65.700 casas de la sociedad pública de alojamiento GSW al ventajoso precio de 405 millones de euros a un consorcio al que pertenece el Whitehall-Fund de la banca de inversión Goldman Sachs y la sociedad de inversión Cerberus. En el 2010 permitió a estas sociedades entrar a la Bolsa y transformar miles de alojamientos berlineses en objetos de especulación.

Suprimió igualmente los subsidios a los propietarios que ponían su casa en alquiler social, sin preocuparse en lo más mínimo de lo que le ocurriría a los inquilinos. En los antiguos apartamentos hasta entonces muy baratos, ocupados sobre todo por trabajadores con bajos salarios y por desempleados, los alquileres aumentaron en 17%.

El agua se vuelve mercancía
En 1999, el antiguo gobierno vendió el 49.9% de la antigua sociedad de distribución del agua berlinesa a RWE y a Vivendi (Veolia). El PDS obtuvo el puesto de ministro de Economía en el 2002 pero no hizo ningún cambio. El precio del agua aumentó un 33%. Bajo el antiguo gobierno, el PDS hizo campaña contra la privatización parcial del agua. Pero el ministro del PDS, Wolf, hizo exactamente aquello contra lo que combatía: garantizar los beneficios de los accionistas privados y beneficiarse él mismo de los precios elevados del agua.

En el acuerdo de coalición de 2006, Die Linke y el SPD hablaron de comprometerse al retorno de la sociedad de distribución del agua a la autoridad municipal. Pero no se hizo nada. Peor aún, se opusieron por todos los medios a un gran movimiento extraparlamentario en favor de la publicación del acuerdo secreto de privatización de la sociedad de distribución del agua. Más de 666.000 personas reclamaron que fuera objeto de un referéndum. La coalición hizo campaña contra esta acción. Aceptaron el referéndum, obtenido forzosamente, pero siguieron oponiéndose a toda iniciativa legal de la población.

Todo lo que pueden decir en su defensa, es la eterna cantinela de los socialdemócratas: “Sin nosotros, hubiese sido peor”. Pero no, hubiese sido bastante parecido, o incluso mejor, pues con su participación paralizaron una parte del potencial de resistencia.

Después de sufrir un golpe en las elecciones, se quejaron de no haber podido imponer sus puntos de vista al SPD. Hubo “restricciones a la libertad del movimiento”, dijo el dirigente del partido Klaus Lederer. Naturalmente, pero cuando prometes entrar a un gobierno para cambiar las cosas, no debes sorprenderte si, a fin de cuentas, la gente te pregunta qué has cambiado.

En los gobiernos regionales de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, de Brandeburgo, y de Berlín, el partido participó en las restricciones y en los cierres.

Sin embargo, el Congreso de Erfurt concluyó que la participación en el gobierno tiene sentido.

La participación en gobiernos locales e incluso federales apenas se discute en el seno del partido. El ala derecha de la dirección ha aprovechado incluso los malos resultados recientes para reclamar que el partido renuncie a su “deseo de permanecer en la oposición”. Debe declarar abiertamente su intención de buscar participar en todos los niveles de gobierno, particularmente con su “compañero natural de coalición”, el SPD. Dietmar Bartsch, uno de sus principales voceros, es apoyado por el partido los cinco Länder del este, donde la organización es más numerosa. En el Este, la participación en el gobierno se ha vuelto la norma.

Oskar Lafontaine, considerado como representante de la izquierda del partido, nunca se ha opuesto a que el partido se embarque en las coaliciones del poder – al contrario. Es keynesiano y sueña con un tipo de Estado providencia socialmente limitado a nivel nacional. El regreso a los años 70. Junto con sus compañeros no deja de formular los “principios” o “condiciones” a cubrir para participar en el gobierno.

No podemos dejar al SPD y a los Verdes gobernar solos. Lo social sólo es posible con nosotros”. Ése era el título del texto de base de la dirección del partido durante su congreso en Rostock en el 2010. “Die Linke puede gobernar, incluso mejor que los demás. Y nosotros, en el Mecklenburgo-Pomerania Occidental tenemos ideas muy claras sobre qué se debe mejorar y cómo hacerlo”, declara Steffen Bockhahn, presidente regional de Die Linke en el Land Mecklenburgo-Pomerania Occidental[14]. “Debemos tener alternativas a la coalición CDU-FDP”, dicen los dirigentes del partido. ¡Como si el SPD y los Verdes no estuvieran de acuerdo en hacer pagar la crisis a los trabajadores! Ya no hay crítica radical hacia estos partidos.

Die Linke afirma que combina las protestas sociales y políticas, elaborando posibles alternativas y transformaciones políticas en el marco del gobierno. Pero es evidente que actualmente no existen las correlaciones de fuerza que hagan posible ejercer tal presión sobre los gobiernos que se vean forzados a realizar importantes reformas en favor del pueblo. La única consecuencia de la participación gubernamental es que paraliza los movimientos de masas y los integra al sistema, como ya lo hemos visto en Berlín.

Las experiencias de la participación comunista en los gobiernos europeos han probado que esta participación no detiene las privatizaciones, la regresión social, ni incluso la participación en guerras imperialistas. Estas experiencias han estremecido la confianza en los partidos que han participado en esos gobiernos y han mostrado que no hay diferencia con otros partidos. La participación en un gobierno burgués donde los monopolios capitalistas dominan debilita las fuerzas anticapitalistas.

En Grecia
Sin embargo, algunos partidos rechazan aprender las lecciones de dichas experiencias. Prueban que se han vuelto auténticos partidos socialdemócratas, listos a remplazar a los antiguos, hoy desacreditados.

En Grecia, cuantas más posibilidades hay de una victoria electoral, más aceptable hace su programa para la dirección de la UE y la burguesía griega la sección local del Partido de la Izquierda Europea, Syriza. Su programa gubernamental [15] se presentó como un “plan para poner fin a la crisis”. “El propósito es unir al pueblo alrededor del programa gubernamental de Syriza con el fin de liberar a Grecia de la crisis, de la pobreza y su mala reputación”.

No se menciona en ningún sitio el sistema capitalista como el causante de la crisis: tan sólo es más el resultado de la gestión “neoliberal”. El programa se presenta como social y fiscalmente equitativo. Promete la anulación de las medidas más insoportables y antisociales, el aumento al salario mínimo, la restauración del antiguo nivel de protección contra el desempleo y enfermedad. Promete suprimir los impuestos especiales a los bajos y medianos ingresos. Pero este plan sólo pretende la “estabilización de los gastos básicos alrededor de un 43% del PIB, frente al 36% del memorándum, y a un máximo del 46% del PIB”.

La idea es poner a Grecia en “el promedio actual en el seno de la zona euro”. Es un programa que no va más allá del marco capitalista. “Organizaremos el relanzamiento de la producción del país con importantes impulsos para apoyar el desarrollo de industrias competitivas”. Sólo promete congelar la privatización de entidades públicas de importancia estratégica que aún eran públicas en 2010, cuando estalló la crisis. Sobre la deuda, el programa busca un compromiso con la burguesía de la UE.

Está muy por debajo del programa de 10 puntos de Syriza de las elecciones del 6 de mayo, que exigía “una moratoria en el pago de la deuda, negociaciones para anular ciertas deudas (no la deuda, como exige el KKE) y la regulación de la deuda restante para incluir provisiones para el desarrollo económico y el empleo[16]”. El 8 de mayo, después de las primeras elecciones, Alexis Tsipras, el dirigente de Syriza, presenta un programa de cinco puntos como base para la formación de un “gobierno de izquierdas”. Ahora sólo platea “la creación de una comisión de auditoría internacional para investigar las causas del déficit en Grecia, con una moratoria en el pago de la deuda en espera de la publicación de los resultados de la auditoría[17]”.

Antes de las nuevas elecciones del 17 de junio, su “programa de gobierno” se limita a denunciar los préstamos (negociados con la Troika) remplazando sus condiciones por “otras que no pongan en duda la soberanía nacional de Grecia y la supervivencia económica de nuestro país. No se aceptarán sin más condiciones como la prioridad en el rembolso de préstamos o el embargo de la propiedad del Estado, acordada con los acreedores por el memorándum…” No hay reivindicaciones radicales que busquen hacer pagar a los responsables de la crisis (los burgueses griegos y europeos y otros bancos…), ni medios para imponer sus medidas. Todo será negociado.

El programa no espera imponer “la anulación del régimen fiscal cero para las compañías navieras y la Iglesia”, sino que “busca un acuerdo” con la industria marítima para suprimir las 58 exenciones. No se dice nada sobre la creación de un gobierno capaz de imponer sus propias medidas. Quiere “elevar el nivel de impuestos al mismo nivel que el resto de la UE”, donde la totalidad de la carga recae en las espaldas de la población trabajadora. En ninguna parte se plantea la cuestión del control de la administración o del sistema económico por los trabajadores. ¿Quién va a controlar a los patrones, a los banqueros? Nada sobre la policía, el ejército. Syriza se queda en el seno de la OTAN, de la UE.

Las duras lecciones del pasado
Las experiencias confirman las posiciones de Marx, Lenin y la Tercera Internacional a este propósito. Rechazan toda la participación, a excepción de situaciones en las que el fascismo constituya una amenaza real, en el caso de una situación que pueda dar lugar a una transición hacia un gobierno realmente revolucionario, esto es, en situaciones prerevolucionarias importantes con luchas de clase y correlación de fuerzas favorable (como en Chile a principios de los años 1970, Portugal en 1975…).

En estas situaciones es posible que debamos sellar alianzas con fuerzas que representan capas no proletarias, pero que son igualmente oprimidas por los monopolios o amenazadas por el fascismo o enemigos exteriores. Pero sólo a condición de que este poder evolucione o desee evolucionar hacia la democracia popular y el socialismo, hacia un Estado diferente controlado por los trabajadores. No fue el caso de Chile, donde la reacción masacró a socialistas y comunistas metiéndolos en el mismo saco.

El gobierno de los trabajadores, tal y como fue propuesto por la Tercera Internacional, se entiende como “el frente unido de todos los trabajadores y una coalición de todos los partidos de trabajadores, tanto en la arena económica como política, para luchar contra el poder de la burguesía y, finalmente, para tumbarla”. “Las tareas más fundamentales de tal gobierno de trabajadores deben consistir en armar a los trabajadores, desarmar las organizaciones contra-revolucionarias burguesas, introducir el control de la producción (por los trabajadores), hacer cargar el principal peso de los impuestos sobre los ricos, y romper la resistencia de la burguesía contra-revolucionaria[18]”.

Dicho gobierno de trabajadores sólo es posible si nace de las luchas de masas y si es apoyado por las organizaciones militantes de trabajadores[19].

Aquellos que justifican una coalición con los partidos políticos burgueses en las instituciones parlamentarias utilizan a menudo los escritos de Dimitrov sobre el frente unido contra el fascismo. Es cierto que Dimitrov criticaba a la gente que rechazaba la política del frente unido contra el fascismo, pero según Dimitrov, el frente popular antifascista se debe crear en base a un frente unido de trabajadores. Pide que un gobierno de frente popular tome medidas revolucionarias anticapitalistas: puede surgir “una situación tal que la formación de un gobierno de frente único proletario o de frente le en el interés del proletario. […] Exigimos de éste que ponga en práctica reivindicaciones revolucionarias radicales, determinadas, que respondan a la situación. Por ejemplo, el control de la producción, el control de los bancos, la disolución de la policía, su remplazo por la milicia obrera armada, etc.[20]”.

Dimitrov ponía en guardia contra el hecho de que, “mantener un frente popular en Francia no significa que la clase obrera va a apoyar al actual gobierno[21] a toda costa […]. Si, por una razón u otra, el gobierno existente se muestra incapaz de hacer pasar el programa del Frente Popular, adopta la línea de retirada ante el enemigo, de su país y del extranjero, si su política debilita la resistencia a la ofensiva fascista, entonces, la clase obrera, con el propósito de reasegurar los lazos del Frente Popular, provocará la sustitución del actual gobierno por otro[22] […]”.

Es lo que pasó y el PCF tardó mucho tiempo en comprenderlo. En 1936, tras la victoria electoral de los partidos de izquierda, se formó el gobierno Blum de socialistas y radicales, apoyado desde el exterior por el PCF. Una enorme ola de huelgas ejerció presión sobre el gobierno para forzarlo a satisfacer las reivindicaciones que se encontraban en el programa del Frente Popular. Pero, para retomar los términos de su presidente, el gobierno se fijó como objetivo encontrar una manera de “procurar un alivio suficiente a aquellos que sufren” en el marco de la sociedad de aquel entonces. Para Blum, la misión del Frente Popular consistía en “moderar la sociedad burguesa” y extraer “un máximo de orden, bienestar, seguridad y justicia”. En esas condiciones, el impacto negativo de la participación en el gobierno aumentó considerablemente. Las administraciones “de izquierda” presidiendo sistemas capitalistas históricamente han desmoralizado y desmovilizado a la clase obrera, y abierto la vía a partidos y gobiernos conservadores e incluso de extrema derecha.

El gobierno de Blum fue echado abajo dos años después y bastaron dos años más para que los capitalistas franceses tomaran la revancha y recuperaran las concesiones que habían hecho. A iniciativa del Partido Socialista, el gobierno dirigido por el líder del Partido Radical, Daladier, ilegalizó el PC el 21 de noviembre de 1939 y sus representantes fueron sometidos a juicio. El 7 de julio de 1940 los mismos representantes radicales y socialistas dieron su voto de confianza en el gobierno del traidor Pétain.

Incluso en los periodos en los que la participación en el gobierno puede llevar a la fase de lucha abierta por el socialismo, es necesaria una extrema vigilancia.

En septiembre de 1947, durante una reunión donde estaban presentes miembros del nuevo órgano de coordinación de los partidos comunistas tras la Segunda Guerra Mundial – el Kominform[23]- los participantes criticaron la línea oportunista del PCF y del PCI en su política de frente unido durante la ocupación y su participación subsecuente en el gobierno.

La burguesía tenía interés en cooperar con los comunistas durante y después de la guerra porque era débil. Los comunistas debieron haber aprovechado esa situación para ocupar puestos claves, pero no lo hicieron. En lugar de conquistar el apoyo de las masas para tomar el poder, desarmaron a las masas y sembraron ilusiones sobre la democracia burguesa y el parlamentarismo.

En lugar de crear la unidad antifascista a partir de la base, mediante la creación de instrumentos emanados de las masas, juntando a todas las tendencias que estaban realmente dispuestas a seguir la vía de lucha por un poder revolucionario, los dirigentes del PCF y del PCI cometieron el error de construir un frente por la cima, sobre la base de una representación igualitaria de los diferentes partidos, cuando el objetivo de los partidos burgueses era evitar la transformación real del país. Para llevar a la práctica esta política, los dirigentes del PCF y del PCI adujeron que toda reivindicación diferente a la de liberación nacional, toda reivindicación de cambios democráticos radicales y revolucionarios, expulsaría del frente antifascista a un cierto número de grupos sociales y de fuerzas políticas.

La reunión criticó al PCF por haber permitido y hasta facilitado el desarme y disolución de las fuerzas de la Resistencia bajo el pretexto de que la guerra no había terminado y que una acción contra la política de De Gaulle desembocaría en una confrontación con los Aliados. Esta concepción facilitó la tarea de los imperialistas preocupados por reconquistar sus posiciones previas a la guerra. Creó ilusiones sobre la “democracia” de los imperialistas y su capacidad de ayudar en la reconstrucción, sin otros objetivos, de las naciones que fueron liberadas del fascismo.

En general, los delegados en la Conferencia les reprocharon persistir en las ilusiones de una vía parlamentaria hacia el socialismo y propagarlas entre las masas en lugar de movilizarlas contra la política pro-estadounidense de sus gobiernos y por una alternativa verdaderamente revolucionaria[24].

Ahora menos que nunca
La primera pregunta persiste: ¿cuál es el carácter de la sociedad en la que un partido comunista quiere participar en el gobierno? Es un Estado capitalista. Su base económica es el capitalismo y su tarea es, obviamente, administrar el capitalismo, proteger y crear condiciones favorables para el éxito de su desarrollo. Este Estado adopta unaconstitución, leyes y reglamentaciones que tienen como objetivo garantizar el orden constitucional, crear las condiciones para el desarrollo del capital y evitar conflictos en el seno de la sociedad.

La política hostil hacia los trabajadores en estos Estados no revela a políticos malvados ni a malos partidos con maliciosos programas. Mientras la propiedad privada de los medios de producción reine, mientras las empresas deban competir para sobrevivir, deberán acumular, aumentar sus ganancias, reducir los salarios, rechazar las reivindicaciones sociales. A esta ley no se le pueden oponer “buenos” políticos en el gobierno con ideas y programas “correctos”.

El capitalismo actual ya no puede, como esperaba Lafontaine, volver a la época de la llamada “economía social del mercado” con cooperación social. Fue un episodio que debe ser situado en el contexto de la rivalidad ideológica entre socialismo y capitalismo, de la fuerza de los partidos comunistas tras la Resistencia, cuando podían tomarse en cuenta reivindicaciones a partir de las ganancias de la fase de reconstrucción de la posguerra.

Esto ya no es posible ni obviamente necesario en la lógica capitalista. Los 25 millones de desempleados oficiales de la UE que ejercen una presión sobre los salarios y los mercados de empleo hoy mundialmente accesibles reducen el precio de la mano de obra. El costo del desempleo duplica el presupuesto social: los salarios a la baja aportan menos ingresos a las cajas de la seguridad social y cada vez hay más beneficiarios por atender a partir de dichos fondos.

El hundimiento del sistema de seguridad social no es más que una cuestión de tiempo si no hay un combate de envergadura para hacer que el capital pague impuestos. Además, los ingresos de los impuestos a los beneficios de las empresas van a la baja a pesar de que las ganancias crecen: se necesitan reducciones suplementarias a los impuestos para reforzar a los capitalistas nacionales en los mercados internacionales.

El Estado capitalista trabaja para crear las condiciones favorables para el crecimiento de la rentabilidad de las empresas, para crearles nuevos mercados gracias a la privatización y la redistribución del ingreso nacional en favor de los poseedores de capital. Está ahí para hacer callar o reprimir a la clase obrera nacional y para garantizar los intereses del capital en otras regiones.

De modo que la participación en gobiernos en estas condiciones significa únicamente la participación en la regresión social, incluso aunque logre ralentizar. Significa desarmar a la resistencia y darle falsas esperanzas al movimiento obrero.

Antiguos partidos comunistas han escogido participar en el poder, sabiendo a menudo que esto significa gobernar bajo los intereses del capital y formar parte de la destrucción de los logros sociales obtenidos tras las luchas por parte del movimiento obrero.

La participación en el gobierno ha contribuido a desmovilizar la resistencia tan necesaria y el desarrollo de un contra-poder. Actualmente, para modificar el equilibrio de las fuerzas de clase, debemos unirnos en los numerosos combates defensivos contra la regresión social, con el fin de crear un movimiento político independiente de trabajadores y de aquellos a quienes se impide trabajar y difundir una conciencia anticapitalista creciente en el seno del movimiento obrero.

La debilidad de los comunistas y los sindicatos con una clara orientación anticapitalista es la principal causa del dominio agresivo del capital en la mayor parte de los países capitalistas.

Necesitamos un programa político alternativo y debemos luchar por él. Que incluya reivindicaciones inmediatas pero que también la consigna de la abolición de las relaciones capitalistas de propiedad. Estas reivindicaciones no deben dirigirse a potenciales socios en el seno de un gobierno de izquierdas (que no existe), sino a un movimiento obrero organizado y a otras capas explotadas de la sociedad. Deben dirigirse a los sindicatos, a todo tipo de organizaciones populares activas en todos los dominios de la lucha social, democrática, anti-imperialista y cultural.

La verdadera pregunta es saber de qué manera los partidos comunistas se van a preparar para las batallas que vendrán, cómo se van a organizar para ser capaces de asumir eficazmente la carga de las nuevas luchas de la clase obrera y de la población laboral en sentido amplio. La crisis lleva a grandes masas de trabajadores a darle la espalda a la socialdemocracia. No debemos ofrecerles una socialdemocracia renovada. Es necesario un partido revolucionario que tenga en cuenta el nivel de conciencia actual, que haga suyos los problemas de la gente, que hable en un lenguaje accesible, que busque la unidad el mayor número de gente posible en la lucha. Pero que no olvide sus principios, que mantenga el rumbo hacia una sociedad en la que no haya explotación del hombre por el hombre, una sociedad sin propiedad privada de los medios de producción, una sociedad en la que los trabajadores serán realmente libres y con un Estado que proteja la libertad de la vasta mayoría contra la opresión de una minoría.

Herwig Lerouge es redactor en jefe de Estudios marxistas, www.marx.be

1 comentario:

NI-NI dijo...

Si la "activa implicación de Izquierda Unida [...] en distintos gobiernos autonómicos" son en "el caso de Andalucía o Asturias" y para nada se menciona a Extremadura en el artículo, ¿la foto de los parlamentarios extremeños es sólo para intoxicar?